La ley del teletrabajo fija que éste deberá ser por acuerdo entre empresa y trabajador

La ley para la regulación del teletrabajo en el sector privado (Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia) ha sido aprobada como resultado de las negociaciones entre organizaciones sindicales, patronal y ejecutivo central. Los negociadores han afirmado que nos encontramos ante una de las normas más avanzadas de Europa en este ámbito.

La nueva ley define el trabajo a distancia como la situación en la que al menos un 30% de la jornada se desarrolla fuera del centro de trabajo en un periodo de tres meses. También fija como criterios fundamentales la voluntariedad y reversibilidad, tanto para el trabajador como para la empresa, así como la obligación de ésta de cubrir gastos asociados.

Para teletrabajar será imprescindible que ambas partes convengan adoptar esta modalidad y firmen un acuerdo detallado que la empresa tendrá que trasladar a los representantes de los trabajadores y a la correspondiente oficina de empleo. Éste contendrá, entre otros aspectos, el inventario de medios necesarios para teletrabajar, los gastos que ello supone, el horario, el control de jornada, el lugar de trabajo, el porcentaje de teletrabajo, la duración del acuerdo, etc.

La ley garantiza para las personas que trabajen a distancia idénticos derechos al resto de compañeros de la empresa en todos los aspectos.

En cuanto a la denominada desconexión digital, la empresa está obligada a garantizar la limitación de comunicación laboral en los periodos de descanso.

Es importante tener en cuenta que, mediante la disposición transitoria tercera, queda establecido que la ley no es aplicable a las situaciones de trabajo a distancia con carácter excepcional derivadas de las medidas para evitar la propagación del Covid-19. En estos casos seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. No obstante se contempla que, en todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario y que, en su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos, si existieran y no hubieran sido ya compensados.

La ley no afecta a los funcionarios ni a los empleados públicos, que se rigen por otro acuerdo.

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